UGT demanda al Ayuntamiento por vulnerar los derechos de los trabajadores

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ayuntamientoEl sindicato de la Unión General de Trabajadores (UGT) que representa a los empleados del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha interpuesto una demanda al Consistorio por considerar que se vulneran los derechos de los trabajadores con la suspensión del convenio colectivo, el pasado 15 de agosto, sin previo acuerdo ni negociación alguna, según informó a este periódico el responsable de UGT Francisco Berbel.

“Esta medida anula la relación social entre trabajador y empresa”, aseguró Berbel, y añadió que actualmente al no existir ningún acuerdo regulador de funcionamiento, los empleados no saben a qué atenerse.
En el convenio colectivo, aprobado en 2005 y prorrogado desde 2007, se acordaban normas de funcionamiento internas y de coordinación entre las distintas áreas, así como “prestaciones que los empleados públicos recibían en contraprestación de las bajadas salariales o congelación del sueldo”, explicó Berbel.

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Las ayudas escolares quedaron suspendidas desde el 15 de agosto, mientras que los derechos económicos derivados del convenio colectivo y del acuerdo regulador que hacen referencia a bonificaciones médicas, entre otras, se suspendieron el 1 de septiembre. Además, los premios por jubilación del personal que cese su actividad durante 2012 quedarán suspendidos el 31 de diciembre.

Real Decreto-ley

Según el Real Decreto-ley “de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 14 de julio, se posibilita a las administraciones públicas la suspensión o modificación “excepcional” de los convenios colectivos y acuerdos que afecten a su personal laboral.
Conforme al Real Decreto-ley, la suspensión o modificación de los convenios solo podrá aplicarse cuando concurra “causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circuntancias económicas”.

Se especifica que se dará esta situación cuando “las administraciones públicas deban adoptar medidas o planes de ajuste, de reequilibrio de las cuentas públicas o de carácter económico financiero para asegurar la estabilidad presupuestaria o la correción del déficit público”.

En el Real Decreto-ley se introduce esta modificación para “aclarar su ámbito de aplicación y homogeneizar su tratamiento, con independencia de que los acuerdos hayan sidos adoptados en el ámbito de las mesas generales de negociación o a través de la negociación colectiva de personal laboral”.

De igual manera se precisa en el Real Decreto-ley que las administraciones públicas deberán informar a las organizaciones sindicales de las causas de la suspensión o modificación del convenio colectivo.

Conciliación previa

En relación a este último párrafo citado del Real Decreto-ley, Berbel indicó que previamente el Ayuntamiento ya se había comprometido mediante un acta de conciliación, que data del 5 de julio, “a negociar con las Centrales Sindicales las medidas adoptadas por Acuerdo del Pleno del Consistorio, relativas a la proposición de reducción de costes del déficit municipal que hacen referencia a la supresión de conceptos como las ayudas sociales, los premios diversos o los pluses e indemnizaciones no integrantes de los salarios.

Berbel, no entiende cuáles son las circuntancias que se han dado en el transcurso de un mes para que no haya habido una propuesta de negociación entre las partes implicadas y se haya enviado una carta a los trabajadores para informarles sin opción al debate y al acuerdo conjunto.

Desde el sindicato de UGT creen que las leyes laborales vigentes suponen “la vuelta atrás” entre las relaciones trabajador-empresa. “Los trabajadores hemos perdido los derechos legales que habíamos conseguido durante 30 años”, lamenta Berbel.

Por su parte, el alcalde, Francisco Salado, calificó la decisión de suprimir el convenio colecivo como «difícil, pero necesaria para mantener la viabilidad económica del Ayuntamiento y el equilibrio presupuestario de las cuentas municipales», además de para “garantizar el pago de las nóminas de los empleados municipales y evitar despidos”, añadió.

Salado también informó de que a partir del 15 de octubre se aplicará el Decreto 20/2012, que regula la prestación económica en situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, lo que supondrá que a partir de esa fecha, el personal no cobrará el cien por cien de su retribución en los periodos de baja, sino en función de los parámetros aprobados por el Gobierno central.

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Periodista con más de siete años de experiencia en medios y comunicación institucional en Málaga y Rincón de la Victoria. Co-fundadora de La Voz de Hoy en septiembre de 2012 con el objetivo de dar un espacio de información, opinión y participación a la ciudadanía. Sin periodismo no hay democracia.

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