Responsabilidad municipal en la concesión de licencias que incumplen la normativa

construccionEs tradición en nuestro ordenamiento jurídico urbanístico que todo uso artificial del suelo sea objeto de control previo por la Administración, constituyendo la licencia la técnica usada para ello. Esta autorización es necesaria para obras de nueva planta, primera utilización de los edificios, modificación de su ocupación o apertura de locales comerciales y se conceden si los inmuebles están conformes con la normativa aplicable.

La competencia para el otorgamiento de estas licencias es Municipal, y una vez obtenida, el particular queda facultado para la realización de los trabajos. En nuestra Comunidad Autónoma es de aplicación la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, sometiendo la vigilancia de su cumplimiento al Servicio de Inspección.

Concedida la licencia y solo en el caso de que ésta constituya una infracción grave o muy grave, el Alcalde, por propia iniciativa o a petición de cualquier persona o de la Consejería competente, podrá acordar la suspensión de su validez y la paralización inmediata de las obras que se estén efectuando. En este caso, el Consistorio debe dar traslado al órgano judicial contencioso-administrativo para que resuelva definitivamente sobre su legalidad.

También puede ocurrir que las modificaciones urbanísticas ya se hayan culminado. En ese supuesto, tendremos que instar una declaración de lesividad que podrá fundamentarse en la vulneración de nuestros derechos constitucionales, en que la autorización incurrió en un delito penal ó que se ha prescindido del procedimiento legalmente establecido para su aprobación. Tenemos un plazo de cuatro años desde la aprobación de la licencia.

Ahora bien, si consideramos que esa autorización es ilegal y que la obra o edificación vulnera de forma grave o muy grave nuestros derechos, sin que el Ayuntamiento atienda nuestra reclamación, tendremos que acudir a los Tribunales de Justicia Contencioso-Administrativos para invalidarla. Además, la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento viene recogida en la Ley de Régimen Administrativo y de Procedimiento Común 30/1992 que nos faculta para pedir una indemnización por los daños sufridos siguiendo un procedimiento especial, toda vez que la anulación de la licencia por los Juzgados no presupone automáticamente que se nos tenga que compensar económicamente.

En último extremo, las presuntas obras y licencias ilegales pueden dar lugar según su gravedad a los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, que contemplan una doble vertiente según sea el autor una persona anónima ó un político o autoridad pública. Concretamente, en este último caso la infracción consistiría en conceder licencias o votar a favor de ellas con total desprecio al cumplimiento de los requisitos legales. En la práctica, es habitual que estas conductas vengan acompañadas de otros ilícitos como el de prevaricación o cohecho, que podrán ser denunciados a través de la presentación de una querella o una denuncia.

En cualquier caso, contar con la asistencia de un Abogado nos dará la confianza y tranquilidad necesarias para defender nuestros derechos de la mejor forma posible ante la Administración.

Cristóbal Gutiérrez Ruiz, es Abogado en EVOLUTIZA Abogados & Asesores Tributarios, Licenciado en Derecho y Master en Abogacía. Ostenta el título de Experto Universitario en Asesoría Fiscal y Contable de Empresas. Está especializado en la asistencia y asesoramiento a empresas en el ámbito de los conflictos internacionales, en asuntos mercantiles y en derecho penal y delitos en el seno de la empresa y contra los consumidores. Es coordinador del área procesal. Habla español e inglés.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.