Las nuevas tasas judiciales

estatuajusticiaLey 10/2012, de 20 de noviembre, es la encargada de regular las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia. Lo que se pretende es racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional evitando abusos en la Administración de Justicia. De esta forma, se establece unas tasas para el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso administrativo y social. No se pagará tasas en los procesos penales, por sus características especiales.

Entiende el legislador que el derecho a la tutela judicial efectiva no implica no tener que pagar a la administración por sus servicios, es decir, el efectivo cumplimiento del primero no significa justicia gratuita para todos. Acoge la protección estipulada en la Constitución sólo a casos en los que se entiende conjunta la aplicación de ambos derechos y que está expresamente protegida en la Ley.

Una tasa es un tributo que pagamos por utilizar un bien público en nuestro beneficio. Aplica el principio de equivalencia, que dice que las tasas deben cubrir el coste del servicio que constituya el hecho imponible.

Exenciones

Están exentas: la interposición de demanda y ulteriores recursos en los procesos de capacidad, filiación y menores, así como los procesos versen exclusivamente sobre guarda y custodia de menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor en nombre de los hijos menores; La interposición de demanda y sus recursos en los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas; La solicitud de concurso voluntario; La interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios; La petición inicial del procedimiento monitorio y el juicio verbal en reclamación de cantidad inferior a 2000€; Los recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo.

Asimismo están exentos las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, el Ministerio Fiscal, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas y las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

Respecto al orden social, los trabajadores, tendrán una exención del 60% en la cuantía por la interposición de los recursos de suplicación y casación.

La base imponible “coincide con la cuantía del procedimiento judicial o recurso, determinada con arreglo a las normas procesales”. En cuanto a la cuota tributaria, en principio se exige una cantidad fija en función del proceso.

Márgen de cuotas

La cuota en el orden civil varía desde los 100€ para monitorios, 150€ para verbal y cambiario, 200€ en la ejecución extrajudicial, oposición a la ejecución de títulos judiciales y concurso necesario, 300€ ordinario, 800€ apelación ante las Audiencias Provinciales y 1200€, ante el Tribunal Supremo, en casación y extraordinario.

En lo contencioso-administrativo, para el procedimiento abreviado 200€, 350€ en el ordinario, apelación ante las Audiencias Provinciales y en casación ante el Tribunal Supremo.

En lo social, para imponer el recurso de suplicación se establecen 500€ y 750€ para el recurso de casación.

En todos los casos, habrá que sumar un tramo variable (0,25-0,50%) que se calculará en función de la base imponible, con un máximo para este tramo variable de 10.000€.

 

Cristobal Gutierrez. Evolutiza Abogados.

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