La responsabilidad penal de las empresas

Hasta 2010, las empresas, ante un delito cometido por uno de sus directivos o empleados, sólo respondían económicamente cuando había que reparar daños e indemnizar a las víctimas. Es la denominada responsabilidad civil. Había casos en que,cometido un delito relacionado con la actividad empresarial, las sociedades mercantiles quedaban sin castigo porque no existía la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Las reformas del Código Penal de 2010 y de 2015 han establecido un sistema por el que las empresas, además de responsabilizarse de los daños y perjuicios ocasionados por los delitos cometidos por sus directivos o empleados, pueden también ser condenadas como responsables penales y recibir castigos específicos.

Independiente de la pena que se imponga a la persona física autora del delito, la persona jurídica (la empresa para la que trabaja el autor material del delito) puede ser castigada con algunas de las penas previstas en el Código Penal: multas, prohibición de determinadas actividades, intervención judicial, pérdida de ayudas, cierre de establecimientos e incluso la disolución definitiva.

Los delitos que se cometen en el ámbito empresarial,por los que pueden responder penalmente las personas jurídicas, son de muy diverso tipo. Entre ellos podemos enumerar los fraudes a la Seguridad Social o a Hacienda, los delitos que atentan contra el medioambiente, el blanqueo de capitales, los delitos urbanísticos, la corrupción, las estafas, así como los que pueden cometerse contra los trabajadores, los consumidores e incluso contra los competidores.

Otra laguna que existía en el asunto de los delitos empresariales era el de los supuestos en los que era imposible determinar qué persona dentro de la empresa era la responsable del delito, o cuando dicha persona había ya fallecido. Antes, por esos motivos, podía ocurrir que determinadas actuaciones quedaran impunes. Actualmente no, ya que la última reforma del Código Penal ha contemplado la responsabilidad penal de la empresa ante este tipo de situaciones.

Por último, es importante decir que las empresas puedan quedar exoneradas de responsabilidad penal si implantan dentro de su organización planes de detección y prevención para evitar que se cometan delitos relacionados con la actividad. Es lo que se conoce como plan de prevención penal, o “compliance”, que debe incluir desde formación a empleados hasta seguimiento por gestores independientes. Las empresas tienen que destinar parte de sus recursos a esta tarea, pero debe considerarse que más que un gasto se trata de una inversión de futuro, ya que conseguirán reducir riesgos y ganarán reputación.

Jesús Quero, abogado, asesor en planificación financiera con certificación EFPA, Máster en Marketing Bancario, Derecho Europeo y Regulación Territorial.

 

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