La plusvalía, ¿un impuesto en vías de extinción?

La conocida como plusvalía o Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), está regulada en la Ley de Haciendas Locales en sus arts. 104 a 110 del TRLHL aprobado por RDL 2/2004 de 5 de marzo, que es legislación básica del Estado s, pudiendo los Ayuntamientos desarrollar y aplicar bonificaciones, reducciones, e incluso el tipo de gravamen a aplicar mediante las correspondientes ordenanzas fiscales.

La plusvalía es un impuesto bastante injusto que se está generando de forma automática al calcularse sobre el valor catastral actual, cuando se realiza cualquier tipo de transmisión de un bien inmueble, sea inter vivos (venta, donación, constitución de usufructo, etc) o mortis causa (herencias), y que supone un importante desembolso para los vendedores de inmuebles urbanos (siendo estos los sujetos pasivos del impuesto y obligados al pago) y los que reciben los bienes por herencia de sus padres, familiares o extraños.

Se escuchan voces cada vez más fuertes contra este impuesto, que algunos califican como confiscatorio y que supone una doble imposición, ya que también se grava la posible ganancia patrimonial obtenida en el IRPF así lo expresa en un informe el Consejo General de EconomistasPor un sistema fiscal transparente, ordenado y previsible, para el fomento de la actividad económica: sugerencias para la reforma del sistema fiscalque aboga por su desaparición. 

¿Plusvalías negativas?

Surgen dos problemas con este impuesto, por un lado debido a la crisis económica en muchos casos se están vendiendo las viviendas por debajo del valor catastral, o no han generado ganancia alguna sino todo lo contrario, se compró caró y ahora se está vendiendo barato, sin embargo la plusvalía saldrá a pagar ya que se basa en el valor catastral, a pesar de que no haya existido incremento. Este es el segundo problema el método de cálculo del impuesto que la Administración interpreta a su favor para ingresar la mayor cantidad de dinero posible.

“La conclusión a la que llegan algunas asociaciones, como Dávide, es que los Ayuntamientos han estado cobrando durante años de más por este concepto, de forma que, según sus estimaciones, se podría estar hablando de unos ingresos extra globales de unos 800 millones de euros en toda España.

Sobre el primer punto la STSJ de Cataluña de 18 de julio de 2013 , entre otras, ha echado por tierra el criterio de los Ayuntamientos, asegurando que “el incremento de valor constituye el primer elemento del hecho imponible, de manera que en la hipótesis de que no existiera tal incremento, no se generará el tributo y ello pese al contenido de las reglas objetivas de cálculo de la cuota del artículo 107 de la Ley de las Haciendas Locales”.

Según un estudio a pesar de que el precio de la vivienda ha bajado un 24,6% entre 2008 y 2011, la evolución teórica en el mismo periodo según la ordenanza aplicable es un aumento del 8,1 por ciento. La sentencia asegura que la contradicción legal “no puede ni debe resolverse a favor del método de cálculo y en detrimento de la calidad económica”, pues ello supondría desconocer los principios de equidad, justicia y capacidad económica”.

Sobre el segundo problema “método de cálculo” se viene aplicando el criterio que más compensa: el valor catastral en el momento de la venta, cuando, presumiblemente, el bien tendrá un mayor valor. La jurisprudencia ha comenzado a echar por tierra este criterio por considerar que lo que se está gravando si se utiliza la fórmula defendida por los municipios es el incremento de valor del suelo a futuro, y no el incremento en años pasados, que es el que compone el hecho imponible.

Por estos motivos muchos autores consideran que tal impuesto debería ser inconstitucional, al gravar rentas que no son reales. Como denuncia la Asociación Dávide, “en lugar de calcularse el impuesto por la parte del incremento que por el transcurso del tiempo se produce sobre el terreno del inmueble que se está transmitiendo, se calcula sobre el valor que a día de hoy tiene el terreno”.

La Resolución del Tribunal Administrativo de Navarra de 7 de mayo de 2013, con apoyo de la jurisprudencia recaída, declara que cabe impugnar liquidaciones concretas del IIVTNU, acreditando la inexistencia de plusvalía municipal o, cuando menos, una manifiesta desproporción entre las cuantías liquidadas y los valores reales.

Sobre los artículos que regulan la Plusvalía en la Ley de Haciendas Locales (el art. 107 y 110) ya se han interpuesto varios recursos de inconstitucionalidad admitiéndolos el Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 16 de febrero de 2016, 1 de marzo de 2016, y 26 de abril de 2016.

Por ello hoy más que nunca, desde Aelax, animamos a los afectados a reclamar contra estas liquidaciones que se reciben desde los ayuntamientos, primero en vía administrativa, ante el Ayuntamiento y el Tribunal Económico Administrativo (que aunque se llame Tribunal es un órgano administrativo y no judicial por lo que no conlleva un coste excesivo), y en su caso ante los Tribunales ya que de declararse inconstitucional todos aquellos que tengan pendiente una resolución administrativa o judicial se van a ver beneficiados (esperemos) de la Sentencia que debe dictar el Tribunal Constitucional.

 

Rocio Postigo Sánchez Abogada (lawyer, avocat) agente de la propiedad inmobiliaria, contadora partidora, arbitro y experta en Mediación Familiar, Civil y Mercantil por la UNIA.

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