La oposición en el Ayuntamiento de Rincón lleva ante la fiscalía el posible fraude en la privatización del alumbrado

farolas

El portavoz del grupo andalucista, José María Gómez, en representación de todos los concejales que forma parte de la oposición en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha denunciado ante la Fiscalía de Málaga las posibles irregularidades que sospechan en la adjudicación de la privatización del alumbrado público ya que consideran que se ha llevado a cabo un fraude en el pliego de condiciones para la presentación de la oferta y que finalmente no se producirá el ahorro de consumo eléctrico, que era el objetivo que el Consistorio pretendía con este cambio de gestión.

Según el informe de la arquitecta técnica del Ayuntamiento la única oferta presentada por Endesa cumplía las condiciones del pliego por lo que en agosto de 2013 se procedía a la firma del contrato de suministro eléctrico y servicio de alumbrado público en Rincón de la Victoria con un periodo de vigencia de 12 años. Anteriormente, en el Pleno de julio se aprobó la adjudicación gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular (PP) ya que la oposición al completo votó en contra.

De una parte, la oposición considera un fraude el que en el pliego de condiciones se dijera que son 148 cuadros eléctricos con sus contadores los que componen el alumbrado exterior, mientras que en el informe del interventor, exigido por los dos tercios de la corporación, se dice que son 132 por lo que varía la cifra de consumo de kilowatios, el número de farolas y el gasto del Consistorio que no es de 538.000 euros, como mantiene el equipo de gobierno, sino de 490.000 euros según el informe del interventor.

No se cumple el mínimo de luxes exigidos según la normativa
La oposición mediante su portavoz en la comisión, solicitó que se llevara a cabo una prueba técnica de la reducción del consumo eléctrico y además el pliego dice que a partir de una hora las luminarias debían descender su intensidad para un mayor ahorro La citada comprobación no se ha realizado hasta el momento, según indica Gómez, pero es que según los informes aportados la mayor parte del alumbrado no cumple con los mínimos exigidos según la normativa de seguridad vial, con lo que no podrían cumplir este punto en el que a una determinada hora de la noche se bajara la intensidad.

“Además, hay una ley de seguridad vial por la que los viales en función de si son residenciales (15-18 luxes), generales núcleo urbano (20-22 luxes), o con fuerte presencia comercial (22-25 luxes), deben tener un nivel mínimo de luxes y la oferta que presenta Endesa no llega a cumplirlo sin la reducción de consumo pues menos aún cuando se lleve a cabo ésta”, afirma el portavoz.

De las 6.000 luminarias que aproximadamente se estima existen en el municipio, 4.545 no se van a cambiar, sino que se les va a instalar un reductor. Las restante sí son LED por lo que ya implican el bajo consumo, pero “es falso que se vaya a llegar a un ahorro del 55% y del 30% exigido en el pliego”.

Solicitan que el interventor certifique el ahorro de consumo energético previsto

En este sentido desde la oposición piden que el Ayuntamiento custodie el material que se está retirando, que en algunos casos consideran “mejor que el que están colocando”, y también piden que interventor certifique, según los pagos y la documentación, que “en el primer año se ha producido el ahorro del 55% tal y como dice el informe de la técnico que dio paso a la adjudicación del contrato”, sentencia Gómez en nombre de la oposición.

Desde el inicio de esta privatización del alumbrado público, en diciembre de 2012 con la presentación de los pliegos por la vía de la urgencia paar ahorrar energía y costes, los miembros de la oposición (PSOE, IU, PA y PSIRV) han mostrado su rechazo conjunto a la gestión del proceso con hasta 15 preguntas a lo largo de estos meses que no han sido tenidas en cuenta y que por ello han desembocado en la Fiscalía Provincial de Málaga con fecha 11 de octubre para que sean las autoridades judiciales quienes lleven a cabo las investigaciones oportunas y diluciden la posible infracción penal.

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