La Junta ya estudia retirar el concierto al San Patricio si no cumple sus exigencias

colegio1La Junta ya estudia las opciones existentes para retirar el concierto educativo al colegio San Patricio si éste se mantiene en sus trece y continúa sin cumplir las exigencias de la Delegación Territorial de Educación de atender como una niña a un alumno con disforia de género, como es el deseo de su familia. La Fundación Diocesana de Enseñanza de la Victoria, a la que pertenece este centro, se ratifica en su postura y no ha variado un ápice su posición desde que surgió la polémica y trascendiera a la sociedad. En su día, Educación remitió unas recomendaciones que el centro no ha seguido.

Según reconocieron ayer fuentes del Gobierno andaluz, la Delegación, al igual que la Fiscalía de Violencia de Género, mantiene las mismas demandas al centro y que pasan por adecuar la documentación interna del centro docente en aquellas situaciones en las que sea necesario (listas de clase, carnet de estudiante, boletín informativo de notas…), considerando el género con el que se siente identificado el alumno, acordar un nombre con la familia para que los profesores se dirijan a él y aceptar la posibilidad de vestir con ropas o uniformes femenino.

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Hasta el momento, el colegio no las ha aplicado en su totalidad, negándose en redondo a que el menor pueda ir a clase con falda, aunque sí le permiten acudir al baño de minusválidos, al considerarlo neutro.

«En el caso de que el requerimiento no sea atendido, la Delegación Territorial de Educación tomará, sin prejuicio de las que pudiera adoptar la Fiscalía de Violencia a la mujer y contra la discriminación por identidad sexual, todas las medidas necesarias previstas en la legislación vigente para salvaguardar los derechos de todo el alumnado de todos los centros educativos de la provincia». Hasta ahora ésta era la postura oficial de la Junta de Andalucía, sin querer ahondar en más actuaciones.

Pero ayer la Delegación de Educación ya admitió la posibilidad de que se pueda rescindir el concierto con este colegio, tal y como exige la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), al entender que «está imcumpliendo todas las pautas que ha establecido la inspección educativa». En todo caso, la Junta también opta por mantener una actitud expectante y conocer qué actuaciones va a seguir la Fiscalía. De forma paralela, también estudia otras alternativas que sirvan para obligar al centro a aceptar la identidad de género de este menor de 7 años. De momento, continúa instando al colegio a que cumpla estas disposiciones, «como ya han hecho otros dos centros de la provincia», señalaron las fuentes.

En todo caso, no parece tan fácil poder retirar el concierto al colegio. La Delegación reconoce que es una decisión que se tiene que adoptar en Sevilla por parte de la Consejería. Además, existen unos plazos y una reglamentación compleja, que se establece en las bases de la convocatoria, publicada en el BOJA del pasado 4 de enero de este año, según la orden del 26 de diciembre de 2012.

Expertos consultados por este periódico insisten, además, en que este tipo de acciones sólo pueden adoptarse «en caso de que se demuestre que existe un incumplimiento grave». No entienden que este caso pueda tener una argumentación jurídica que permita a la Junta quitar el concierto en el caso de que la Fundación Diocesana acuda a los tribunales para recurrir esta decisión del Gobierno andaluz. «Está cogido con alfileres», señalan.

Estas mismas fuentes indican que el colegio no ha cobrado dinero a los padres de manera fraudulenta, ofreciendo una educación gratuita tal y como expresa la legislación, uno de los principales motivos para rescindir conciertos. Las actividades escolares, tanto docentes como complementarias o extraescolares y de servicios, no pueden tener carácter lucrativo y será necesaria la previa autorización de la Administración educativa de las cantidades a percibir de los beneficiarios en estas últimas, que no podrán formar parte del horario lectivo y serán de carácter voluntario, se incluye en la ley.

El centro tampoco ha dejado de cumplir el programa curricular, ni ha procedido a la contratación de profesores de manera irregular. Tampoco se ha saltado la normativa en vigor en el proceso de admisión de alumnos. «Respetar o no la identidad de género de un alumno es una casuística particular y novedosa», expresan las fuentes.

En todo caso, antes de nada, el protocolo a seguir exige la creación de una comisión de conciliación, que según el reglamento, deberá resolver los conflictos que pudieran surgir en el cumplimiento de las obligaciones de los centros concertados.

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Victoria Contreras
Periodista con más de siete años de experiencia en medios y comunicación institucional en Málaga y Rincón de la Victoria. Co-fundadora de La Voz de Hoy en septiembre de 2012 con el objetivo de dar un espacio de información, opinión y participación a la ciudadanía. Sin periodismo no hay democracia.

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