La Junta no retira el concierto al colegio San Patricio

El colegio San Patricio mantendrá el concierto educativo después de que la comisión de conciliación, reunida en la mañana de ayer, haya firmado un acta en el que la administración educativa se compromete a acatar las resoluciones adoptadas por la Fiscalía andaluza de Violencia contra la Mujer y contra la Discriminación Sexual, que ya había archivado la investigación el pasado mes de enero. La Delegación Territorial de Educación había amenazado al centro, de la Fundación Diocesana de Enseñanza, con retirar el concierto ya que, a su juicio, no había acatado las recomendaciones dictadas para atender a un niño de siete años de edad, que se siente niña, y cuya familia quería que fuera tratado como tal. La Junta no le retira el concierto al centro por ahora, pero sí lo apercibe por imponer la uniformidad obligatoria, según informó en un comunicado.

En principio, dice la Junta, «el colegio San Patricio ha aceptado retirar la obligatoriedad de la uniformidad». Sin embargo, en el caso de que el centro reincidiera en mantener esta medida, la Junta de Andalucía iniciaría las actuaciones para proceder a la retirada del concierto educativo.

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El objetivo de esta comisión, celebrada en el Edificio Negro, sede de la Delegación de Educación, y a la que asistieron un representante de la Inspección Educativa, otro de este colegio del Obispado, y otro del consejo escolar, era determinar los incumplimientos o no del centro.

Educación, en su momento, había dado una serie de instrucciones entre las que se encontraban que el menor pudiera acudir a clase con el uniforme femenino, usar los baños de las niñas o aparecer en la documentación interna del centro según su identidad de género. Por su parte, el colegio, que asegura que siempre dispensó un trato «exquisito» al menor y su familia, se negaba a que el niño fuera con falda, le llamaba con un nombre neutro y le permitía usar los servicios de discapacitados.

La reunión de ayer parece cerrar un capítulo de esta polémica, aunque el abogado de la familia del menor ha anunciado que estudian iniciar acciones legales contra el colegio, pese al archivo de la investigación iniciada por la Fiscalía.

Pese a todo, la Delegación de Educación insiste y da por hecho que ha existido discriminación y recordó ayer que la familia finalmente optó por matricular a su hijo en otro centro educativo de titularidad pública en la zona, «donde está garantizado que no sufrirá ningún tipo de discriminación». Esto ocurrió después de la reciente Semana Blanca.

La comisión ha establecido que pese a tratarse de un centro docente sostenido con fondos públicos, su Reglamento de Organización y Funcionamiento recoge la obligatoriedad de llevar uniforme con carácter general, cuando, en virtud de la legislación vigente, los centros no pueden exigir taxativamente contraprestaciones, cargas o gastos económicos para las familias sin contar con la voluntad de éstas, «aspecto que está contemplado en los términos contractuales de los conciertos educativos que establecen la gratuidad de la enseñanza».

«En todo caso, se debe poner en conocimiento de la comunidad educativa el acuerdo alcanzado por los consejos escolares, pero en modo alguno se puede exigir su cumplimiento obligatorio, por lo que serán las familias, voluntariamente, las que obrarán como consideren oportuno», incidió.

Por su parte, el Obispado de Málaga informó de que la Junta ni siquiera había llegado a abrir el expediente para retirar la subvención para que este colegio de Huelin dejara de ser concertado, a pesar de que durante todo este tiempo la Junta había manifestado que estaba estudiando el caso.

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Victoria Contreras
Periodista con más de siete años de experiencia en medios y comunicación institucional en Málaga y Rincón de la Victoria. Co-fundadora de La Voz de Hoy en septiembre de 2012 con el objetivo de dar un espacio de información, opinión y participación a la ciudadanía. Sin periodismo no hay democracia.

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