La juez Alaya cree que Vitalia corrompió a cargos de la Junta

alayaLa mediadora Vitalia, que cobró comisiones abusivas por intervenir en los ERE falsos, se dedicó a «corromper de manera continuada a cargos de la Administración autonómica». La juez Alaya apunta en un auto que Javier Guerrero no fue el único cargo que cobró comisiones del conocido como fondo de reptiles.

La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla considera que la cúpula de Vitalia, conformada por Eduardo Pascual Arxé y María Vaqué Molas, ordenaba el pago de comisiones con transferencias «cuyo destino, entre otros cargos de la Junta de Andalucía, eran las cuentas del director general de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero».

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La magistrada sostiene que las «sobrecomisiones» superiores al 15% que la Junta de Andalucía pagaba a Vitalia «perseguirían el enriquecimiento personal de los máximos responsables de la fijación de las mismas». Y entre los que se habrían enriquecido cita a Pascual y Vaqué, ambos en prisión; al directivo de Vitalia Antonio Albarracín, también encarcelado; al responsable de la consultora catalana en Andalucía, Jesús Bordallo, en libertad con cargos; y, por parte de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero, «entre otros».
La tesis de la juez apunta a que la Junta pagaba de manera consciente sobrecomisiones «extremadamente elevadas y distantes del precio del mercado», porque éstas revertían en algunos de sus cargos públicos. Entre los que conocían el sistema señala al «consejero de Empleo», cargo ocupado entre 2000 y 2010 por José Antonio Viera y Antonio Fernández.

Una vez que el dinero había salido desde el programa presupuestario 31.L o fondo de reptiles hacia las compañías de seguros que financiaban las prejubilaciones, éstas pagaban a la mediadora Vitalia y parte de los fondos retornaba entonces a cargos de la Junta de Andalucíamediante un modus operandi que describe la juez.

El «equipo coordinador» de Vitalia, compuesto por Eduardo Pascual y María Vaqué, daba indicaciones a la responsable del departamento de contabilidad del holding, Olga Pascual, para que realizara transferencias de fondos.

Estos traspasos se hacían «desde las cuentas que Vitalia tiene en Barcelona a la cuenta en la que la administrativa Celia Hernaiz [esta persona no se halla imputada ni consta que esté implicada en la trama], de la oficina de Madrid, figuraba como autorizada». Desde esta cuenta, «presuntamente se retirarían cantidades en efectivo o se ordenarían nuevas transferencias cuyo destino, entre otros cargos de la Junta de Andalucía», era Guerrero.

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