El juzgado de Alaya abre el proceso de embargo a Magdalena Álvarez

El juzgado que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha iniciado el proceso de embargo contra la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Álvarez y le ha concedido un plazo de diez días para que designe los bienes que podrían ser embargados a fin de cubrir la fianza de responsabilidad civil de 29.568.129,20 euros que le impuso la juez Mercedes Alaya.

Por medio de una diligencia de ordenación, la secretaria del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla da el mismo plazo a otros nueve imputados en la causa, entre los que se encuentran el exviceconsejero de Economía y Hacienda entre 1990 y 2004, José Salgueiro, y el exsecretario general de Hacienda entre 2000 y 2004, Antonio Estepa, a los que Alaya impuso fianzas civiles por importe de 22.176.096,89 y de 8.870.438,76 euros, respectivamente.

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La secretaria señala que ya ha transcurrido el plazo concedido a todos ellos para asegurar las anteriores cantidades, por lo que les da un plazo de diez días para que designen los bienes de su propiedad «en los que pidan que se trabe embargo». En caso de que sean inmuebles, la secretaria solicita a los imputados que digan «si están ocupados» y, en ese caso, «por qué personas y con qué título».

Advierte de que si en este plazo ni Magdalena Álvarez ni los otros nueve imputados designaran los bienes susceptibles de embargo, «se procederá a la búsqueda» de los mismos.

Además de la exconsejera y los dos ex altos cargos citados, la resolución afecta a otros siete imputados relacionados con el ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos, entre ellos dos sindicalistas de CCOO. Se trata de José Cabrera Molina, miembro del comité de empresa como secretario de la sección sindical de CCOO y prejubilado en el ERE del Cervantes, y Gonzalo Fuentes Guerrero, secretario general de la federación andaluza de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO, a quienes la juez impuso una fianza civil de 60.471 euros.

Hay que recordar que la instructora tomó como base para fijar la fianza civil a Magdalena Álvarez las ayudas «efectivamente abonadas» hasta el 31 de diciembre de 2003, una cuantificación «realizada a groso modo» dado que su cargo «perduró hasta el 7 de febrero de 2004», precisando que el importe de las mismas asciende a 177.408.775,22 euros.

«Por razón de sus competencias y responsabilidad en los hechos, compartida principalmente con la Consejería de Empleo», la juez cuantificó la fianza civil referente a la exconsejera en 1/8 de dicha cifra, lo que son 22.176.096,90 euros más el tercio legal previsto.

Alaya considera que Álvarez y los otros dos imputados, en virtud de los cargos ostentados, «serían promotores, en connivencia con otros, del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales que se instaurarían en la Administración Autonómica desde el año 2000 y que perduraría hasta el año 2011».

La malagueña recurrió el auto al entender que se trata de una fianza «abusiva» y «presidida por un fin estigmatizador y punitivo, fin coherente con el juicio anticipado de culpabilidad en que se sostiene pero manifiestamente inconstitucional». En su recurso, el abogado de la exconsejera invoca la nulidad del auto por vulneración del derecho a la presunción de inocencia al efectuarse en el auto «un juicio anticipado de culpabilidad, desbordando las funciones propias del juez de instrucción».

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Periodista con más de siete años de experiencia en medios y comunicación institucional en Málaga y Rincón de la Victoria. Co-fundadora de La Voz de Hoy en septiembre de 2012 con el objetivo de dar un espacio de información, opinión y participación a la ciudadanía. Sin periodismo no hay democracia.

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