Los recortes llegan al sol

energiaNos dijeron que con la liberación del sector eléctrico bajaría el recibo, lejos de bajar ha subido considerablemente; ahora arremeten contra el sector de las energía renovables, eliminando de raíz incluso al usuario más pequeño, los particulares.

El 30 de diciembre de 1.999 el Consejo de Ministros aprueba el Plan de Fomento de Energías Renovables, esta norma establece como una de sus medidas el promover que los Ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, induzcan al uso de la energía solar al ciudadano a través de planes y de ordenanzas municipales.

Estas medidas, entre otras, se han ido tomando durante más de una década, coherentes con el hecho de que no podemos seguir con nuestra dependencia de las energías fósiles altamente contaminantes, o de la energía hidráulica, que altera gravemente el ecosistema en el que se explota. Medidas además, con las que la transformación en la producción y el uso de la energía es total, pues nos llevan directamente al consumidor, último eslabón de la cadena.

El pasado mes de julio el gobierno aprueba el Real Decreto-ley 9/2013, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. Este decreto marca un cambio de sentido en la política española sobre energías renovables, hasta el punto que las autoridades europeas han mostrado su preocupación por este giro de 180 grados en la política energética.

¿Por qué este cambio? ¿Por qué incide, además, con especial virulencia sobre los particulares?

El gobierno cede a la presión de las corporaciones eléctricas, que tienen terror a que el consumidor desestabilice (o haga desaparecer) su mercado, generando su propia energía limpia y no contaminante. Por ello, el gobierno, contra toda lógica, dicta que la industria foto-voltaica (ahora que es más necesaria que nunca) debe ser destruida.

Los fijos de las facturas suben y quedan revisables, es decir, susceptibles de volver a subir en cualquier momento, se hace un censo de particulares productores de su propia energía y se impone un peaje a quien genere electricidad y la inyecte a la línea en vez de recibir ganancias. Pero eso no es todo, si después de dos meses de la entrada en vigor del decreto, los consumidores no se inscriben en el mencionado registro, que implica el pago de peajes, pueden ser sancionados con una multa de hasta 30 millones de euros.

El hecho de que los ayuntamientos sean la administración más cercana a la ciudadanía y de que la ley del 1999 les inste a que estimulen el uso de energías renovables entre los ciudadanos, hace que deban ser los primeros en dar un paso hacia adelante en contra de este Decreto y en terminar con este sin sentido, promocionando medidas fiscales y sociales que fomenten el uso de las energías renovables.

José Luis Gómez Arroyo
Vecino del Rincón de la Victoria

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