Archivan la causa del policía local de Rincón que denunció al alcalde y el jefe de la policía por acoso laboral

El Juzgado de Instrucción nº 5 de Málaga ha decretado el archivo de la causa que el policía local Francisco José Gallardo Bossini presentó en 2013 contra el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, y el jefe de la Policía Local, José Puerta.

Según se desprende del auto, los diferentes actos denunciados, examinados aisladamente, no constituyen ilícito penal alguno, ya que todos ellos constituyen decisiones administrativas susceptibles de ser recurridas en la vía correspondiente como lo han sido en algunos casos, sin que la respuesta contraria a unos intereses pueda ser incardinada en infracción penal alguna.

El documento manifiesta también que no se acredita la supuesta imposición de servicios voluntarios como obligatorios en relación con el servicio de vigilancia en bicicleta cuanto no consta rechazo alguno a dicha actividad, ni por la vía reglamentaria, ni por la vía de hecho, habiéndose asignado también este servicio a otros agentes, sin que la alegada infracción de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) sea susceptible de ser tenida en cuenta al no corresponder con la categoría profesional del denunciante.

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En cuanto la denegación de permisos extraordinarios por enfermedad de familiares, el auto manifiesta que consta la aprobación de un permiso retribuido de siete días por enfermedad de su suegro, y la denegación de un permiso solicitado con motivo del viaje de su esposa a Ucrania por enfermedad de su padre, permiso que fue denegado por el departamento de Recursos Humanos del Consistorio al no encajar en el supuesto de enfermedad grave que se exige reglamentariamente, resolución que fue recurrida en vía administrativa y desestimada su pretensión sin que conste el recurso a la vía contencioso administrativa, que sería la procedente, tal y como se prevé en estos casos ante la desestimación de las pretensiones solicitadas.

Continúa el auto del juez argumentando que igual suerte han de correr los distintos actos denunciados como la intervención cautelar del arma y el pase a segunda actividad, resolución que se adopta en el marco reglamentario fundamentado todo ello en documentación médica aportada donde el denunciante estaba diagnosticado de un trastorno depresivo mayor, de modo que la finalidad no era otra que evitar riesgos que pudieran derivarse de la patología médica hecha constar por los servicios médicos.

El documento también se refiera a la asignación del turno de vigilancia de noche hecho por el denunciante en el Consistorio, donde denunciaba la imposibilidad de salir del edificio alegando una limitación de su capacidad deambulatoria. El auto dice a este respecto que no tiene consistencia alguna, ya que tratándose de un edificio público con diversos sistemas de acceso y salida supervisados, no consta hecho alguno que pudiera tener como finalidad dicha limitación, y todo ello al margen de posible rotura de mecanismos o limitación de accesos al edificio, que en cualquier caso obedecen a un funcionamiento incorrecto de las instalaciones materiales, nunca a una finalidad delictiva como pretende el denunciante.

Así, continúa el auto, en consecuencia de los documentos aportados y de las declaraciones judiciales de los denunciados explicando los hechos, no se desprende comisión de ilícito penal alguno, sino unos actos administrativos disconformes con las pretensiones del denunciante, actos todos ellos susceptibles de ser revisados por la vía administrativa y jurisdicción contencioso administrativa producidos en un contexto de discrepancias políticas que facilitan una interpretación distorsionada de los mismos al atribuirle una finalidad que en ningún caso queda acreditada.

En consecuencia, el auto establece el archivo de la causa y el sobreseimiento provisional “al no quedar acreditada la comisión de infracción penal alguna”. El juez también ha argumentado que no consta tampoco que los servicios que se imponen lo fueran como castigos, sin perjuicio de que su la parte estimaba que contravenían normas administrativas, pudo haberlo recurrido. Así, los hechos que se denuncian se encuadran en el ámbito del derecho administrativo, y no en el ámbito del derecho penal, sin que se aprecie concurrencia de delito alguno.

El auto también refleja que no cabe entender que tales discrepancias en relación con la actividad desarrollada en el Ayuntamiento por el denunciante puedan considerarse acoso laboral, como tampoco él debió considerarlo en su momento, ya que no impugnó ninguna de las resoluciones.

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, ha señalado que “afortunadamente, la verdad solo tiene un camino y el inicio de la campaña política de este señor fundamentada en mentiras ha sido desmontada por la Justicia caso por caso. No vamos a permitir que una persona se escude en su puesto de trabajo y en su representación política y sindical para no cumplir con sus obligaciones laborales. El municipio le está pagando un sustancioso sueldo de una forma inmerecida, ya que entre bajas, permisos, horas sindicales y vacaciones no llega a trabajar tres meses al año, lo que supone un abuso. No puede llevar al campo político que esta Alcaldía esté vigilando ese abuso y extralimitación de sus derechos. Poco puede ofrecer en su labor sindical y política una persona con estos antecedentes en su expediente. Pido que sea merecedor del sueldo que le pagan todos los rinconeros y que saque su campaña política de la labor profesional que tiene que hacer. Pobre proyecto tiene que ofrecer a Rincón de la Victoria si lo basa en denuncias falsas contra el alcalde por hacerle cumplir con su trabajo como policía”.

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Victoria Contreras
Periodista con más de siete años de experiencia en medios y comunicación institucional en Málaga y Rincón de la Victoria. Co-fundadora de La Voz de Hoy en septiembre de 2012 con el objetivo de dar un espacio de información, opinión y participación a la ciudadanía. Sin periodismo no hay democracia.

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